La fiscalía de Comodoro Rivadavia formalizó la acusación contra Vanesa Fita y otras cuatro mujeres por una presunta megaestafa vinculada a la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La maniobra, que se habría desarrollado entre abril de 2023 y febrero de 2024, habría damnificado a un mínimo de 594 personas y generado movimientos de dinero superiores a los $60 millones.
Según la hipótesis fiscal, Fita habría simulado ser intermediaria y organizadora de una cooperativa habitacional, invocando supuestos vínculos con funcionarios públicos para ofrecer acceso a viviendas construidas o próximas a serlo por el IPV. A quienes buscaban acceder a una propiedad, se les exigía un pago inicial de $100.000 y posteriores cuotas, para luego ser incorporados a grupos de WhatsApp donde se mantenían las expectativas de una futura adjudicación.
El fiscal Martín Cárcamo detalló que la investigación reunió alrededor de 700 gigabytes de información digitalizada, incluyendo documentación bancaria, datos de teléfonos secuestrados y comunicaciones. La acusación, que se presentará para ser tratada en un juicio por jurados, atribuye a Fita la autoría de al menos 594 hechos de estafa por calidad simulada e influencia mentida, en concurso real. Las otras imputadas –Lucía Lorena Miranda, Gisela Belén Mancilla, María Victoria Curán y Lara Camila Páez– son señaladas como partícipes necesarias, con diferentes cantidades de hechos atribuidos.
Avance de la causa contra Vanesa Fita en la justicia
Lee además
A Vanesa Fita se le atribuye la ideación de la maniobra y la utilización de las otras acusadas para concretar las presuntas defraudaciones. La fiscalía afirmó que las imputadas no contaban con actividades económicas formales que justificaran los movimientos de dinero detectados en cuentas bancarias y billeteras virtuales, y que la hipótesis de participación de funcionarios públicos fue descartada durante la pesquisa.
La investigación reunió 80 denuncias de personas que aseguran haber sido damnificadas, las cuales aportaron comprobantes de pagos, conversaciones digitales y registros de encuentros informativos. Se acreditaron alrededor de 400 maniobras mediante la verificación de depósitos y transferencias.
¿Cómo sigue el proceso judicial para las imputadas?
Tras la formalización de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, las defensas de las imputadas deberán responder y se designará un juez para la audiencia intermedia. De avanzar el proceso, la causa podría llegar a un juicio por jurados. El fiscal Cárcamo adelantó que se buscarán penas de cumplimiento efectivo para la mayoría de las involucradas, teniendo en cuenta la magnitud de los hechos y la escasa solvencia económica detectada en las cuentas investigadas al momento de los allanamientos.
En caso de determinarse la responsabilidad penal, las personas damnificadas podrán reclamar los daños y perjuicios correspondientes, aunque el fiscal advirtió que los fondos habrían sido distribuidos o utilizados rápidamente tras su ingreso a las cuentas.
