Comodoro Rivadavia se sumó a la jornada de movilización nacional con la quinta marcha universitaria. Docentes, no docentes, estudiantes y organizaciones sociales convergieron para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, denunciando la falta de atención del Gobierno nacional a sus reclamos.
La convocatoria partió desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y culminó en la plaza San Martín. En este punto, se organizaron actividades de organizaciones sociales y productores locales, junto a una radio abierta, con el objetivo de visibilizar el conflicto presupuestario.
La secretaria general de ADU, Gloria Herrera, enfatizó que el reclamo trasciende la cuestión salarial y apunta a la aplicación integral de una ley que contempla los recursos para el funcionamiento de las universidades, el sostenimiento de becas y las condiciones laborales. "Seguimos con una ley que no está siendo atendida", afirmó, apuntando a la resistencia del Ejecutivo.
Comunidad universitaria exige cumplimiento de la ley de financiamiento
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La dirigente sindical, Elena González, destacó la participación en la marcha, calificándola como “muy gratificante”. "Estamos marchando, en la quinta marcha universitaria, para ver si el Gobierno entiende que tiene que respetar a los otros poderes de la democracia, porque el Ejecutivo y el Judicial le han reiterado que la Ley de Financiamiento Universitario se tiene que cumplir y el Gobierno se resiste", expresó González en diálogo con la prensa.
La movilización se enmarca en la exigencia del cumplimiento de la ley, ante las diferencias surgidas con el Gobierno nacional sobre su aplicación. La situación presupuestaria de las universidades públicas y la garantía de su funcionamiento son los ejes centrales de la preocupación universitaria.
Becas estudiantiles insuficientes ante el contexto económico
Gloria Herrera también señaló la preocupación por la insuficiencia de las becas estudiantiles en el actual contexto económico, mencionando que algunos estudiantes reciben montos que rondan los 35.000 pesos, cifra que se considera inadecuada para cubrir las necesidades básicas en cualquier punto del país. La pérdida salarial acumulada durante los últimos meses también es un punto de inquietud para los trabajadores del sector, según sus declaraciones.
Las acciones futuras del plan de lucha serán evaluadas tras la manifestación, y según anticiparon, continuarán desarrollándose dentro de los mecanismos democráticos e institucionales.
